En pocas semanas, el estado español será examinado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal (EPU), después de que diversas entidades denunciaran vulneraciones en una presesión celebrada el pasado 10 de diciembre en Ginebra. Preocupados por la imagen que proyecta el Estado en el exterior desde las cargas policiales del 1 de Octubre, España Global ha reforzado sus argumentos con una interpretación libre de los datos de un informe, cocinando un ranking que no existe. 

[EN CATALÀ: Consulta aquí l’original en català d’aquest reportatge, publicat el 17 de desembre de 2019].

Traducción al castellano: Èric Lluent.

En un mensaje de Twitter del 20 de noviembre, España Global, institución encargada de la reputación exterior del Estado y que forma parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, celebraba que España había conseguido la decimotercera posición en el informe The Global State of Democracy. Según Irene Lozano, secretaria de dicho organismo, el informe del Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) “aporta una luz válida, internacional e independiente sobre la fortaleza de la democracia española, que no deja de mejorar, a pesar de las constantes campañas de desinformación que intentan empañar lo que los españoles hemos construido durante 40 años y que se combaten justo de esta forma: con estudios empíricos y veraces”.

El entonces ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, había participado el día anterior en la presentación del informe en Bruselas, donde se refirió a la democracia como “una gran palabra y un gran trabajo” que funciona cuando se basa en información. “Ahora que estamos rodeados de fake news es buena idea verificar la salud de la democracia”, comentó Borrell en un hilo de Twitter en el que aseguraba que el aspecto más importante en una democracia es respetar el imperio de la ley y advirtió de los peligros del populismo y el nacionalismo. Que el ministro en funciones del gobierno español participara de la presentación de un informe que se proclama independiente no debe sorprender a nadie, ya que el Instituto IDEA International estuvo presidido este 2019 por los gobiernos de España y de Bélgica, y el estudio está financiado por los gobiernos de los estados miembros.

No existe ningún ranking de IDEA

Medios y agencias como La Vanguardia, 20 Minutos, la Cope o Europa Press se limitaron a reproducir la versión oficial de España Global sin contrastar los datos: “España escala siete posiciones, hasta el 13, en el índice de democracias del International IDEA”, recogía, por ejemplo, la agencia Europa Press. No obstante, lo cierto es que no existe ningún ranking global de democracia de IDEA y, por lo tanto, la proclamación de España como la decimotercera mejor democracia del mundo se basa en la interpretación de los datos del informe por parte de España Global, lo que contraviene la voluntad y los objetivos del equipo encargado de llevarlo a cabo. “Nosotros no hacemos ranking. Ha sido una decisión que tomamos al inicio del proyecto y por eso tampoco tenemos un indice agregado de democracia. La razón era que queríamos mostrar la multidimensionalidad de la democracia, lo que un índice único no permite. No obstante, no podemos impedir que otros utilicen nuestros datos y hagan rankings”, explica Annika Silva-Leander, directora de Asesoramiento Democrático y Análisis Político de IDEA.

España Global hizo promoción en las redes sociales sobre el resultado del supuesto ranking de IDEA al día siguiente de la publicación de un informe de Amnistía Internacional en el que se pedía la liberación inmediata de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, así como la revisión de las penas de sedición para el resto de presos. La secretaría de Estado difundió un gráfico de diseño propio en el que se proclamaba España la decimotercera mejor democracia del mundo. En el mismo gráfico, se informaba de que el Estado es el 9º en gobierno representativo, el 16º en derechos fundamentales, el 14º en control al gobierno, el 12º en administración imparcial y el 5º en democracia local. No obstante, un análisis detallado realizado por Mèdia.cat– de unos datos que se pueden consultar en la web del instituto con sede en Estocolmo, demuestra que las cifras destacadas por España Global son inexactas y que, además, esconden injustificadamente el dato más perjudicial para la imagen del Estado.

Errores de cálculo y ocultación de datos negativos

Según los datos analizados por Mèdia.cat, realizando la media de los cinco grandes índices temáticos ofrecidos por IDEA, España se situaría en 14ª posición en términos globales, en lugar de la 13ª que recoge la versión oficial. En gobierno representativo, España es 10ª en lugar de 9ª; en derechos fundamentales, 19ª en lugar de 16ª; en control al gobierno, es 14ª; y en administración imparcial, es 12ª. Si bien las diferencias son pequeñas, los datos publicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores son inexactos.

Pero no tan solo esto. La versión oficial del gobierno español esconde el quinto índice del informe IDEA, sobre compromiso con la participación, en el que España se encuentra en la posición 31. Para maquillar el dato, España Global seleccionó arbitrariamente una subcategoría de este índice, sobre democracia local, y lo igualó jerárquicamente en el gráfico publicado con los otros cuatro índices generales. Gracias al cambio de criterio, consiguieron ocultar una 31ª posición, sustituyéndola por una 5ª (según los datos que hemos analizado, debería ser 4ª).

Fuentes de España Global señalan que han querido “destacar los aspectos en los que nuestro país crece de manera más significativa”. Sobre las diferencias entre las cifras que se pueden descargar de la base de datos y los rankings editados por España Global, parece que el redondeo de los índices con solo dos decimales explica las diferencias. No obstante, los datos originales ofrecen hasta quince decimales, cosa que determina una posición clara sin posibilidad de empate. Con el redondeo al alza, España Global afirma que ha conseguido una nota en el supuesto ranking de IDEA de 0,7705 puntos, cuando la realidad es que la nota final es de 0,7682.

La gran mayoría de los indicadores utilizados en el estudio de IDEA tienen origen en los datos generados por el proyecto de investigación Varieties of Democracy (V-Dem), con sede en la Universidad de Göteborg. Para la realización de los distintos índices que ofrece anualmente, V-Dem cuenta con la participación con la participación de decenas de expertos anónimos de cada país que contestan cuestionarios muy detallados sobre diferentes ámbitos del funcionamiento del sistema democrático. Se trata de un proyecto muy ambicioso y con rigor académico que pone el énfasis en la transparencia y la independencia, si bien el 50% del financiamiento de investigación llega de la fundación Riksbankens Jubileumsfond, impulsada inicialmente con fondos del Banco Central de Suecia, y de la Comisión Europea, como se detalla en su página web.

V-Dem ofrece seis índices de referencia: el índice de democracia liberal (el más citado), el índice de democracia electoral, el índice de componente liberal, el índice de componente de igualdad, el índice de componente de participación y, finalmente, el índice de componente deliberativo. Respectivamente, España se sitúa en las posiciones 26, 33, 19, 27, 39 y 28 de estos índices en el informe de 2019. De esta forma, a pesar de la base común de los trabajos de V-Dem y de IDEA, los países que presidieron este último instituto durante el 2019 obtienen mejores posiciones en su propio informe que en el índice de democracia liberal V-Dem, pasando de la 26ª a la 14ª posición, en el caso de España, y de la 14ª a la 6ª, en el caso de Bélgica. Silva-Leander, sin embargo, niega cualquier influencia de estos dos países en el resultado final y asegura que uno de los pilares fundamentales del estudio de IDEA es su independencia: “Precisamente, al inicio del documento explicamos que el informe es totalmente imparcial y totalmente independiente de los puntos de vista de los estados miembro individuales de IDEA”, subraya Silva-Leander.

La directora de España Global, Irene Lozano, en una jornada de Sociedad Civil Catalana, el pasado septiembre. Foto: Guillem Roset / ACN.

Lo que no se explica en la versión oficial

Uno de los hechos que hay que tener en cuenta es que en el estudio de IDEA no se incluyen ni Islandia ni Luxemburgo, por no llegar al millón de habitantes. Estos dos países se sitúan por delante de España en el índice de V-Dem. Por lo tanto, cuando se afirma que España es la decimotercera democracia del mundo -conclusión que, insistimos, no ofrece el informe-, debería incluirse un asterisco en el que se detallara que “del mundo”, en este caso, no incluye dos países con mejor salud democrática que España.

Por otra parte, en el documento sobre la metodología utilizada se detalla cómo el informe de este año ha dejado de contar con indicadores como el Human Rights Score que incluye datos negativos para España, situándola en 2017 en la posición 72 en el ranking de protección y respeto de los derechos humanos por parte de los gobiernos, con una puntuación similar a países com Hungría, Chile o Botswana. En cambio, se incluyen como novedades indicadores sobre tensiones religiosas, tensiones étnicas y ley y orden que se recogen de las bases de datos del International Country Risk Guide (ICRG) que produce la agencia de calificación, previsión de riesgos e inversión internacional PRS Group, creada hace cuatro décadas bajo el paraguas de la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los datos completos del ICRG se pueden adquirir en su página web por un precio de 18.200 euros.

Pero, si buena parte del informe de IDEA se basa en datos de V-Dem, no es contraproducente publicar en pocos meses de diferencia dos estudios con resultados divergentes? Le trasladamos esta pregunta al director del Instituto V-Dem, el profesor Staffan Lindberg. “Debemos recordar que los conceptos de IDEA y el nuestro son diferentes. Es una selección de indicadores diferente y ellos incluyen otras fuentes. Yo creo que el nuestro es más exigente, que es más difícil conseguir puntuaciones altas. Nuestro estudio está más estrechamente ligado a una manera diferente de pensar teórica y filosóficamente qué es la democracia liberal. IDEA propone sus propias ideas, las cuales no sé de dónde salen. Para mucha gente puede ser confuso, pero tenemos libertad de expresión, y ello incluye la libertad académica”, explica Lindberg. El investigador de la Universidad de Göteborg considera que los estudios son estimaciones con ciertos márgenes de error y que la atención no debe ponerse tanto en la posición de un ranking, sino en las diferencias entre países.

La democracia española, en tendencia negativa

A pesar de que la nota oficial de España Global afirma que “el mérito de España al lograr una mejora de su puntuación es doble, al producirse en un contexto mundial que el informe The Global State of Democracy 2019 califica de erosión de la democracia”, la verdad es que la democracia española empeora respecto a los picos de mejores resultados de hace una década, según los propios datos del informe del Instituto IDEA. En gobierno representativo, se ha pasado del 0,87 (2012) al 0,81 actual. En derechos fundamentales, España pasa de una puntuación de 0,87 (2011) al 0,84 del último informe. En control al gobierno, evoluciona de un 0,84 (2009) al 0,79 actual, recuperándose de un mínimo de 0,72 (2015). Y en administración imparcial, pasa del 0,88 (2009) al 0,84 actual. En democracia local y participación de la sociedad civil se mantiene, y en participación electoral y democracia directa la bajada es notable. Aunque hay pequeñas mejoras en algunos ámbitos respecto a los datos de los últimos cinco años y la tendencia global es negativa, es evidente que la democracia española, según IDEA, está lejos de las puntuaciones que obtenía a finales de la década pasada y principios de la actual.

Los datos históricos de V-Dem confirman la tendencia negativa de la democracia española y, de hecho, son aún más claros. De las puntuaciones de hace una década aproximadamente, España ha empeorado en los seis principales índices que ofrece el estudio. En el índice de democracia liberal, España pasa de un máximo de 0,84 (2010) al actual 0,74, una décima menos en tan solo diez años. En el índice de democracia electoral, hay una bajada del 0,89 (2011) al 0,82. En el índice de componente liberal, la cifra baja ligeramente del 0,94 (2010) al 0,92. En el índice de componente de igualdad, pasa del 0,95 (2007) al 0,87 actual. En el índice de componente de participación, pasa del 0,66 (2010) al 0,62. Y, finalmente, en el índice de componente deliberativo, España pasa del 0,94 (2010) al 0,9 actual. El estudio de V-Dem demuestra que hay una tendencia global a la baja en las puntuaciones de la mayoría de países y advierte de procesos de autocratización, como el que ha tenido lugar en los últimos años en Estados Unidos, con quien España casi empata en el índice de democracia liberal, con una diferencia favorable a España de 0,001.

Otros informes que destaca la diplomacia española

Uno de los últimos actos de Josep Borrell como ministro de Asuntos Exteriores español en funciones fue una reunión con sus homólogos iberoamericanos en Soldeu (Andorra), el 26 de noviembre de 2019. Foto: Albert Lijarcio / ACN.

De forma recurrente, la diplomacia española se refiere a otros informes para afirmar que España es referente de democracia en el mundo. Los más citados son los índices o informes elaborados por Freedom House, World Justice y The Economist. Estos estudios, que se presentan a menudo como una verdad incuestionable, están financiados por instituciones dirigidas por las élites políticas y económicas estadounidenses y europeas. El politólogo y profesor de la Universidad de Campania Luigi Vanvitelli de Nápoles, Diego Giannone, ha estudiado los sesgos ideológicos de los sistemas para medir empíricamente la democracia. En el año 2014, Giannone publicó una investigación académica centrándose en el índice sobre libertad de prensa que publica Freedom House, en el que se concluye que “el modelo neoliberal ha influenciado los instrumentos de medición, que han devenido parte de un sistema, parte de un patrón de normas de evolución que sugieren cómo deben estructurarse las sociedades. Los rankings y las propias preguntas están cargadas de valores”. Consultado sobre el uso que los gobiernos pueden hacer de estos estudios, Giannone advierte que “el verdadero problema es cuando se afirma que la verdad se encuentra en los números. El problema de fondo de esta tipo de mediciones es que se presentan como una verdad científica y objetiva, pero de científicas y objetivas no tienen nada, y el riesgo es que pueden ser utilizadas para legitimar determinadas posiciones políticas”.

Freedom House, que publica anualmente, entre otros, el índice Freedom in the World, es una institución que fue creada el año 1941 para promocionar la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, está presidida por el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos durante el segundo mandato presidencial de George W. Bush, Michael Chertoff, quien también es presidente de una agencia de asesoramiento global en el ámbito financiero. World Justice Project, que produce el índice Rule of Law, fue fundado y está presidido por William H. Neukon, responsable legal de Microsoft durante 25 años, empresa de la que llegó a ser vicepresidente ejecutivo. Uno de los socios estratégicos de World Justice Project es el Club de Madrid, que cuenta con miembros destacados como José María Azanar, Mariano Rajoy, Felipe González o Bill Clinton. Por otra parte, The Economist, a través de la The Economist Intelligence Unit, publica anualmente el Democracy Index. The Economist Group está controlado por la familia Rothschild y el holding empresarial Exor, principal accionista de Ferrari, Fiat Chrysler y la Juventus, entre otros. Fuentes de España Global se refieren a estos estudios como “informes elaborados por terceros, es decir, sin interés de parte, públicos y objetivos”.

Cuando cualquier crítica es tachada de ‘fake news’

El pasado mes de enero, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aprovechó una reunión con homólogos de la Unión Europea para asegurar, en referencia a las cargas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil durante el referéndum del 1 de Octubre, que “las imágenes que se propagaron aquellos días sobre la actitud violenta de la policía eran falsas”. Pocos días más tarde, Irene Lozano explicaba a EFE que su prioridad era la de rebatir la “desinformación independentista” durante el juicio del procés, por “compromiso no solo con la reputación de España, sino con la verdad en este tiempo de fake news”.

Las autoridades españolas han criticado o tergiversado las conclusiones de los informes presentado por Amnistía Internacional o el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU que hacen referencia al caso de los líderes independentistas en prisión. No obstante, según el profesor Lindberg y la analista Silva-Leander, trabajos com los de V-Dem o IDEA e informes sobre derechos humanos pueden ser complementarios. “Es importante saber que el tipo de aspectos sobre los cuales podría informar Amnistía Internacional no han de tener necesariamente efecto en los índices que produce IDEA. Lo que IDEA o nosotros presentamos en términos de democracia en España puede ser verdad, a la vez que simultáneamente hay aspectos que merecen crítica”, valora Lindberg.

La respuesta del gobierno español, y de otros gobiernos com el de la Generalitat de Catalunya, a informes sobre derechos humanos es diversa, según el caso. Fuentes de Amnistía Internacional explican que a menudo suelen dirigirse a grupos parlamentarios. “A veces, nuestros temas se acaban resolviendo más en el Congreso, con enmiendas a leyes, por ejemplo, que no porque el gobierno de turno haga caso o deje de hacer caso de lo que dice Amnistía”, detallan. A lo que se refiere al informe sobre el juicio del procés, Amnistía Internacional explica que lo enviaron por carta a la Fiscalía y que no han recibido “ninguna comunicación privada” por parte de las autoridades españolas.

Los derechos humanos en España, a examen

Rueda de premsa de entidades de diferentes partes del Estado Español en Ginebra, el pasado 10 de diciembre.

A partir del próximo 22 de enero, el Estado español se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un proceso de control que se realiza a todos los estados miembros una vez cada cinco años. Para el examen, España ha enviado al Comité un informe con la valoración oficial sobre la salud de los derecho humanos en el territorio. Además, Naciones Unidas recopila información de sus comités y relatores especiales elaborada durante el último quinquenio.

Para completar la documentación, el Comité da la oportunidad a la sociedad civil del estado examinado, a través de instituciones, asociaciones y organizaciones de todo tipo, de realizar sus propios informes con la finalidad de tener en cuenta opiniones no gubernamentales sobre la situación de los derechos humanos. La suma de toda la documentación aportada por todas las partes es una de las mejores fuentes para entender y analizar la salud de los derechos humanos en cada estado.

La cifra de informes presentados por entidades de la sociedad civil ha pasado de los 15 del último examen a más de 60 en la edición actual. Una cuarentena tienen origen en el ámbito catalán y hacen referencia a vulneraciones de derechos humanos en ámbitos muy diversos, como la libertad de prensa, de expresión y de reunión, el derecho a la autodeterminación, los derechos lingüísticos y los derechos sociales.

El Grup Barnils, editor de Mèdia.cat, ha participado con el documento Libertad de prensa: agresiones, amenazas y censura contra los periodistas y la prensa en Catalunya (en francés), presentado en alianza con el European Civic Forum, una red transnacional de más de 100 asociaciones y ONG de 27 países europeos que trabajan activamente temas de defensa de los derechos humanos y la democracia.

El pasado 10 de diciembre, en una presesión delante de los representantes del Comité de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra, algunas entidades fueron invitadas a presentar las principales conclusiones de sus informes. Paralelamente, otras organizaciones, entre las cuales el Grup Barnils, ofrecieron una rueda de prensa en el Club Suisse de la Presse para denunciar otras vulneraciones graves de derechos humanos en el Estado español.

El examen final consiste en una serie de recomendaciones hechas por el resto de estados, sobre las que el Estado interpelado debe dar alguna de estas tres respuestas: “aceptada” , “aceptada parcialmente” o “se toma nota”. Todos los documentos elaborados durante el proceso de control a España se pueden consultar en la página web de Naciones Unidas, aunque de momento solo se puede descargar la documentación de los exámenes de 2010 y 2015. Las autoridades españolas no tienen que responder sobre los informes de la sociedad civil, ya que lo que tiene lugar es un diálogo entre estados, pero es habitual que los estados que hacen recomendaciones tomen como base algunas de las cuestiones tratadas en estos informes.

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